Mortalidad en el Hospital Universitario de Canarias

Copio y pego del boletín de El Escéptico Digital:

(También cita este artículo el Ex-Seminarista Ye-yé)

MORTALIDAD EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS
Luis Díaz Vilela

Como científicos y miembros de la comunidad universitaria, estamos obligados a velar por la búsqueda de la verdad fuera de toda manipulación y por encima de todo interés particular por ocultarla o deformarla.

Si esto es un axioma en ciencia, lo es más en medicina, donde lo que está en juego es precisamente nuestro bien más preciado, la vida humana.

Esta semana he tenido conocimiento de unos hechos acontecidos en un hospital de Tenerife, concretamente el Hospital Universitario de Canarias, que sobrepasa los límites de la imaginación, y cuya desfachatez entra peligrosamente en el campo de lo que puede ser un delito, que ha provocado decenas de muertos.

Concretamente, los hechos han ocurrido en el servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital Universitario de Canarias. Juzgue usted mismo:

Resulta que la mortalidad media de los servicios de cirugía cardiaca en los hospitales de nuestro país ronda el 5%. Cada vez que un hospital de la península ha superado esas cotas, y se ha aproximado al 10%, se han tomado medidas tajantes para solucionarlo. En ocasiones, se ha llegado a destituir fulminantemente al jefe de servicio, como ha ocurrido hace unos años en el Servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital Universitario de Extremadura, cuando se han superado esos topes.

Pero esto no se permite aquí en Canarias. Aquí se ha optado por ocultar y falsear la información. Desde el año 2004 la mortalidad en Cirugía Cardiaca del Hospital Universitario de Canarias supera el 10%. En concreto, durante el año 2005 fue del 15%, y a finales de ese año llegó a superar el 20%. Y no por circunstancias especiales, porque en estos resultados se ha excluido a los pacientes urgentes. Es decir, a finales del 2005, uno de cada cinco pacientes intervenidos en lo que se llama operaciones programadas de corazón, fallecían en este centro.

La dirección del centro, en lugar de tomar medidas correctoras y asumir sus responsabilidades, optó por ocultarlo a toda costa para poder vender con absoluto descaro y una falta de ética sorprendente una falsa imagen de sanidad eficaz.

Una muestra de la desfachatez en la ocultación de los datos es la propia memoria oficial del centro, publicada anualmente por el Hospital, y que se puede consultar en su página web (www.huc.es): según este documento, firmado por los representantes legales del centro (políticos), la mortalidad en cirugía cardiaca en el año 2004 fue del 0’8%, y en el 2005 del 1’5%. ¡Menor incluso que la de cirugía general, o maxilofacial, o urología! Es decir, para ocultar una situación de catástrofe, los dirigentes del centro no dudaron en falsar las cifras y exponer una mortalidad oficial tan baja, que de ser cierta sería la mejor del planeta, por encima de cualquier centro de prestigio norteamericano o europeo.

Y no se trata de un error: en noviembre de 2005 se realizó una pregunta parlamentaria a la entonces Consejera de Sanidad sobre varias denuncias verbales de profesionales sobre la excesiva mortalidad del Servicio de Cirugía Cardiaca, corroborando la Consejera en su comparecencia (y así aparece en las actas parlamentarias) una mortalidad inferior al 1%.

En este orden de cosas, sabemos que un cirujano del servicio se rebeló contra este silencio malicioso. Se trata de un cirujano que además es experto en control de calidad, de conocido prestigio nacional e internacional, condecorado en varias ocasiones por el hospital y la propia Consejería de Sanidad, que obtuvo el 1er premio internacional Islas Atlánticas precisamente por sus estudios sobre control de calidad en cirugía cardiaca.

El citado cirujano, con plaza en propiedad desde hacía 10 años, presentó a la Gerente en mayo de 2005, un escrito en el que denunciaba la elevada mortalidad derivada de las actuaciones del jefe del servicio, con datos muy precisos, y denunciando también que los datos oficiales del centro no eran ciertos. La respuesta no se hizo esperar, a los 6 días se abrió un expediente disciplinario urgente por 11 supuestas faltas graves de deslealtad con la empresa, y se le apartó de toda actividad.

De nada valieron un dictamen de la Inspección de Trabajo sobre la ilegalidad de esta medida, ni la revocación de todas las faltas (menos una de “indiscreción profesional”, recurrida, porque el juzgado consideró que el cirujano no podía advertir a los paciente del riesgo que corren): al cirujano se le prohibió desde entonces y hasta hoy toda actividad, ver pacientes, y incluso analizar los datos del servicio.

Tras estos hechos, este cirujano solicitó por escrito y por vía de urgencia, en Noviembre de 2005, que se hiciera una auditoría al servicio, porque el gravísimo problema de falta de calidad estaba originando ya un exceso de al menos 30 muertes anuales, y decenas de secuelas irreversibles muy graves a otros tantos pacientes intervenidos. La respuesta del Gerente fue ordenar la incoación de otro expediente por deslealtad y despedir al cirujano. A los 6 meses de prohibir operar al cirujano, la mortalidad del conjunto del servicio se duplicó.

Todas estas irregularidades han sido denunciadas, pero este cirujano se ha tenido que enfrentarse con la ineficacia quizás premeditada de ciertas instancias de la justicia, tal vez poco interesada en conocer sobre la muerte evitable de decenas de pacientes por las consecuencias legales y las indemnizaciones que acarrearían.

Según hemos podido comprobar, el juicio por acoso y despido interpuesto por este cirujano lleva pendiente de celebrarse desde hace más de un año, y a día de hoy sigue sin ponerse fecha. El hospital se ha negado a entregar ninguna de las pruebas que solicita el juzgado, entre ellas la lista de pacientes operados y fallecidos, y a pesar de repetidos requerimientos de 2 juzgados diferentes, uno de ellos desde hace más de año y medio, sigue sin entregarlos, sin que se tomen medidas judiciales por obstrucción a la justicia.

Un inquietante indicador de hasta dónde llegan las redes de silencio e intereses cruzados que han hecho posible esta situación, es que la presidenta de la sala de lo social que tenía que evaluar el recurso de “indiscreción profesional” se ha inhibido por “amistad íntima” con el jefe de servicio cuyos resultados denunció el profesional. Aunque esta medida la honra personalmente, revela el grado de proximidad del máximo responsable de la mortalidad con los ambientes judiciales, relación de la que por cierto se jacta.

El Diputado del Común fue informado también de los hechos hace más de un año, pero tras 3 requerimientos al centro para que aporte datos sobre los pacientes fallecidos, sigue sin recibir respuesta.

También sabemos que por la presión política de hace un año, el hospital se vio obligado a hacer finalmente una auditoría en secreto, que fue recibida en Marzo de este año. Aún siendo una auditoría de parte, encargada por el gerente, y posiblemente sesgada con la información que él quiso aportar, hemos sabido que el informe confirmó la gravísima situación por la que atraviesa el servicio y el peligro para los pacientes. A pesar de ello, el Gerente oculta su resultado y se niega a entregarla a los facultativos y medios que han solicitado verla.

En todo este contexto, los cardiólogos del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, conscientes de la situación desde hace años pero obligados hasta hace poco a enviar a sus pacientes a operarse en el HUC, se han negado mayoritariamente a seguir haciéndolo y han conseguido derivar a sus enfermos a otro centro.

Otra suerte corren los pacientes que llegan al entramado del HUC. El problema aparece cuando se trata de un paciente “sin padrino”, en este caso no hay pudor en mirar a otro lado y permitir que se opere en un Servicio de Cirugía en el que sus posibilidades de fallecer multiplican por dos o por tres la de otros centros. De nada vale la indignación de varios de los profesionales del centro, porque cada vez que uno intenta levantar la voz es acallado con amenazas como el despido del cirujano, o se avoca a la unidad contra cualquier crítica en un ambiente de corporativismo mal entendido.

El cómo ha sido posible llegar a esta situación recuerda lejanamente a lo acontecido en los campos de exterminio nazis, en los que el silencio se mantuvo no por corrupción de todos los implicados, sino por el ambiente de miedo a denunciar, la impunidad de unos, y la impotencia de otros. Este caso no es igual, no es lógico pensar que haya una intención directa de dañar, pero sí hay una reconocida ineficacia, desidia y negligencia que han conducido al servicio a tener una pavorosa mortalidad, muy por encima de cualquier estándar nacional o europeo, que podría haberse evitado, o que al menos obligaba a derivar los pacientes a otros centros en los que pudieran someterse a procedimientos seguros.

En lugar de asumir sus responsabilidades y las consecuencias de sus acciones, la dirección del centro y los políticos que la soportan han optado por amparar al responsable de la mortalidad, el jefe de servicio, aún a costa de falsear documentos, ocultar auditorías (que probablemente sólo reflejan una parte de una realidad aún más terrible), amenazar o intentar destruir al que critica el sistema, y en definitiva vender políticamente una situación idílica a costa de la vida de los pacientes que juraron defender.

Otras referencias:

Crónicas de Esperantia.

El confidencial.

Canarias 24 horas.

La Opinión de Tenerife.